A mediados de este año, muchos nos indignamos, sonrojamos y, en última instancia, nos reímos a mandíbula batiente, a causa de un instructivo dictado en la Intendencia de la Región de Coquimbo. La idea era normar la vestimenta de los funcionarios de la repartición y, especialmente, las mujeres. Nada de pabilos, strapless, falditas sugerentes, jeans apretados.
Estas disposiciones causaron impacto en las redes sociales y casi nadie en el oficialismo blindó la medida. El intendente Sergio Gahona anunció que el gobierno derogaba la medida, que terminó siendo uno de los sucesos humorísticos del año. Y es que es muy impopular pretender normar el aspecto físico de las mujeres.
Una cosa radicalmente distinta ocurre si se trata de derechos reproductivos de las mujeres, puesto que grupos políticos y religiosos consideran que tienen las prerrogativas suficientes para imponernos a todos sus convicciones en esta materia. Sí, a pesar de que nosotras no adhiramos a éstas.
Recientemente, los senadores Evelyn Matthei (UDI) y Fulvio Rossi (PS) presentaron un proyecto sobre aborto terapéutico (que en el fondo no es tal: lo que se plantea es que no se considerará delito cuando se produzca la muerte del feto como consecuencia de alguna intervención, tratamiento o fármaco indispensable para salvar la vida de la madre, lo que deberá ser certificado por tres médicos.)
Los parlamentarios han asegurado que se inspiraron en dos casos para presentar esta moción: los de la periodista Mónica Pérez y de Claudia Pizarro, joven de 28 años que presentó un recurso de amparo para solicitar la interrupción de su embarazo, argumentando que está afectada por un cáncer uterino y porque el feto no presenta cerebro. Recientemente, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite esta acción.
Pese a esto, el calvario de Pizarro sigue. Esto, porque desde el Hospital San José y del Ministerio de Salud salieron a desmentirla. Citando a La Tercera, el ministro Jaime Mañalich sostuvo que “tengo que decir radicalmente que la presentación es un montaje, cuando llegó a hacerse el tratamiento con el Papanicolau alterado tenía tres meses de embarazo, se le sugirió como corresponde, esperar el término del embarazo para hacerse la biopsia del cuello uterino, cosa a la que no accedió".
Por supuesto, la aludida reaccionó con indignación. En declaraciones hechas a Radio Cooperativa y citada por La Tercera, Pizarro dijo que "a mí me dijeron que yo tenía un bichito en el útero. Yo me atendí por otro médico para que realmente me dijera ‘sabes que tienes esto y no te dijeron en el hospital’, porque eso es lo que pasa, que en el hospital nunca dicen nada, ni una cosa, y ese es el drama”.
Independientemente de las declaraciones cruzadas, ¿por qué se obliga a Claudia a desarrollar hasta última instancia su embarazo, si es evidente que el feto que tiene nulas opciones de vida extrauterina? ¿Por qué es válido someterla a esa tortura sicológica, exponiendo además su salud? ¿Por qué Claudia (y Juana, y Rosa, y tú y yo) debe (mos) pagar estos costos? ¿En función de ideologías y cosmovisiones que claramente no nos consideran sujetas de derecho? ¿Pagamos este costo para que algunos, los que toman decisiones, puedan vanagloriarse de tener posiciones pro vida y de paso, cuidar sus delicados equilibrios políticos? Porque tanto la Concertación como la Coalición por el Cambio le hacen el quite incluso a debatir estos temas, todo por mantener la fiesta en paz en el frente interno.
En este ámbito, como en muchos otros, nuestras autoridades –salvo contadas excepciones- demuestran estar totalmente desconectadas respecto a nuestras necesidades e intereses. Son como los curas que hacían misa en latín, de espalda a la feligresía.
Así, uno de mis muchos deseos para el 2011 es que yo, ciudadana chilena, pueda ejercer mis derechos, incluyendo los reproductivos, libremente y sin que el hecho de tener ovarios en lugar de testículos influya. Porque, hasta la fecha, puedo elegir entre usar una polera strapless o una con pabilos, pero no qué decidir sobre mi cuerpo.
